• La Ministra de Igualdad y Asuntos Sociales asegura que estos abonos se han realizado pese a los recortes llevados a cabo por el Gobierno central, que ascienden a 508 millones desde el año 2012

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado en 2016 un total de 308 millones de euros para el pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar en materia de dependencia. Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su intervención en el Pleno del Parlamento.

La consejera ha explicado que, «desde la Junta de Andalucía, se marcó como prioridad el abono mes a mes de estas prestaciones económicas y actualmente podemos decir que se ha hecho frente de forma puntual y rigurosa a estos abonos mensuales. De esta forma, cuando lo que se prescribe en el Programa Individual de Atención (PIA) es una prestación de carácter económico, las personas beneficiarias comenzarán a recibir el ingreso aprobado».

Estos abonos se han realizado pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, además de otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que se traduciría en la atención a 105.000 personas más. Uno de los recortes llevados a cabo por el Gobierno central fue la supresión de la cotización al Sistema de la Seguridad Social por parte del Estado, que pasa a ser exclusivamente a cargo de las personas cuidadoras; esto supuso la expulsión de la Seguridad Social de 55.000 personas cuidadoras solo en Andalucía.

La consejera ha destacado que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a poner en marcha un Plan en materia de dependencia para mitigar estos recortes del Gobierno central y que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales del presente año. El Plan cuenta con 25 millones de euros, ya consignados en los presupuestos para 2017.

Las medidas contempladas en este plan, que tendrá una duración de un año, se agrupan en tres bloques. El primero de ellos consiste en agilizar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema. El segundo de los bloques definirá la excepcionalidad del acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, agilizando el procedimiento en determinados supuestos de acuerdo con la normativa vigente.

El tercero de los bloques pretende avanzar en la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida. Consiste en potenciar las medidas para la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, compromiso plasmado en el I Plan Andaluz de Promoción de la  Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020. Esto se llevará a cabo, entre otras medidas, mediante el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como servicio principal.

Desde este servicio, se permitirá la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos capaces de detectar o prevenir las mismas (humos, caídas…), así como facilitar la atención fuera del domicilio con la utilización de dispositivos móviles y de localización, además de la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, las citas médicas y los consejos sanitarios a través de la integración entre la plataforma de teleasistencia con la del 061 y Salud Responde.

También, y dentro de este tercer bloque de medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia.

En los presupuestos de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura. La aportación económica de Andalucía ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio).

 

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