- Debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011.
(Madrid).- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado que se reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto de manera inmediata, incluso en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019.
“La LOREG debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su condición jurídica, tengan derecho a votar, y en caso de que la reforma contemple alguna excepción quepa solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona, supuestos que habrán de interpretarse restrictivamente”, afirma Fernández Marugán.
La privación del derecho de voto está estrechamente relacionada con la modificación de la capacidad jurídica. Por ello, Marugán señala que hay que pasar de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de apoyo y complemento en la realización de actos y la adopción de decisiones, que se proyecte únicamente donde sea estrictamente necesario.
Por otra parte, y coincidiendo con el inicio del curso escolar, el Defensor del Pueblo dedica especial atención a la importancia de garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Así, subraya que las administraciones deben adoptar medidas normativas y presupuestarias para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.
Igualmente, recuerda que la escolarización en centros de educación especial debe ser de carácter “excepcional y residual”, contando siempre con la opinión de las familias y dotando suficientemente de recursos materiales y humanos a los centros ordinarios, a fin de que las necesidades de los estudiantes con discapacidad puedan atenderse de manera adecuada.
