Mérida (Badajoz).- El Pleno aprueba una declaración social, política e institucional contra la violencia de género.

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La declaración POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, la ha leído el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, y es la siguiente:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y una vez consensuado con todos los y las representantes de todos los partidos políticos de la corporación municipal, en la Comisión de Servicios sociales e Igualdad celebrada el día 24 de septiembre del 2015, elevan a la consideración del Pleno Corporativo, el siguiente acuerdo:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental.

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010, y un enero del 2016 con ocho mujeres asesinadas de todas las edades y condiciones.

Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para los representantes políticos, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad. De este modo el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, los derechos de ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.

Una sociedad democrática y tolerante exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren las violencias así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.

La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencias contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos.

Por todas estas razones, los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Mérida de todos los partidos políticos, proponen este Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencias contra las mujeres:

1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes de los servicios municipales.

2. Instar al gobierno regional la creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género.

3. Garantizar una red de atención social a las mujeres en situación de violencia con profesionales expertos/as que les ayude a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamientos y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas.

4. Transversalidad de las políticas de Igualdad de manera que todas las actuaciones del Ayuntamiento de Mérida estén realizadas desde la perspectiva de género, es decir, valorando su impacto en la vida de las mujeres y teniendo en cuenta la desigualdad existente entre mujeres y hombres.

5. Promover la puesta en marcha en los Juzgados especializados en violencia de género, el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que establecen la denuncia, y hasta el final del proceso.

6. Propiciar reuniones de coordinación entre todos los agentes que intervienen contra la Violencia de Género en nuestra ciudad.

7. Mantener el apoyo en el Ayuntamiento de Mérida para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de atención a las Mujeres para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

8. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

9. Aplicar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.

10. Evaluar el I Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres 2011-2015. Ampliaremos o impulsaremos un nuevo plan 2016-2019, incluyendo nuevas medidas en relación a nuevo cronograma.

11. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

12. Propiciar un Plan integral, previo estudio de la realidad existente, para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

13. Fomentar la formación y especialización de todos los órganos que intervienen en la atención a mujeres víctimas de violencia de género (equipos psicosociales, profesionales de la salud, cuerpos y fuerzas de seguridad, comunidad educativa, profesionales del derecho, profesionales de los medios de comunicación…)

14. Establecer la obligación de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género, tengan certificados, previamente a ocupar su puesto, la formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.

15. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.

16. Mantener un dialogo constante con las organizaciones de la sociedad civil organizada experta en materia de violencia de Género.

Mérida, a 2 de febrero de 2016.

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