(Andalucía)-Sánchez Rubio subraya el avance para Andalucía en modernización e innovación de la Ley de Servicios Sociales

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• La consejera analiza en Sevilla la nueva Ley, una norma «pionera» que blinda prestaciones y universaliza los servicios

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la apertura del seminario ‘La nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía y el Tercer Sector’, que se celebra en Sevilla.


La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha resaltado el avance que experimentará la comunidad andaluza en cuanto a la modernización e innovación de los servicios sociales «gracias a la nueva Ley, pionera en España».

En vigor desde enero último, se trata de una norma de «tercera generación y en consonancia con la sociedad actual» que incluye entre otras novedades la figura del profesional de referencia, que garantizará una atención continuada y de carácter integral a las personas. Estos son algunos de los aspectos que ha destacado en la apertura del seminario ‘La nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía y el Tercer Sector’, que se celebra en Sevilla.

En el encuentro organizado por la Mesa del Tercer Sector y acompañada por su presidente Manuel Sánchez, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha asegurado que, con esta norma, Andalucía «se sitúa a la cabeza» en unas prestaciones y servicios que todas las personas, sin excepción, pueden necesitar en algún momento de su vida. Igualmente ha recalcado que la norma blinda prestaciones básicas y universaliza los servicios sociales, que son la «piedra angular» del Estado del Bienestar, además de garantizar la titularidad y la gestión pública de los mismos.
Centrándose en el personal de referencia, ha recordado que juegan un «papel esencial» toda vez que será el encargado de ayudar a la ciudadanía en la toma de sus propias decisiones, además de valorar, planificar, coordinar y prestar una atención de calidad. Asimismo, ha destacado el derecho de la persona a decidir sobre su propia intervención y a dejar constancia de los recursos que desee recibir en caso de una futura limitación de su capacidad de obrar.

Según ha recordado la consejera, la ley también refuerza los equipos interdisciplinares constituidos por profesionales del Trabajo Social, Educación Social Psicología o cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel. Asimismo se establece el trabajo en red de forma coordinada para una evaluación y mejora continua y se impulsará la participación de los profesionales, especialmente a través de las organizaciones de carácter profesional. El objetivo es que «las personas sean lo más independiente posible, además de mejorar su situación, el nivel de bienestar y la calidad de vida».

Sánchez Rubio ha destacado también la historia social única, digitalizada y universal, una herramienta electrónica que permitirá mayor coordinación de los profesionales, y la tarjeta social electrónica para todos los andaluces.
Otras novedades resaltables están relacionadas con la investigación y la inclusión de la perspectiva deontológica. En concreto, en el ámbito de la investigación se establece el compromiso de desarrollar una estrategia que permita introducir los principios éticos en la provisión de los servicios sociales. Con esta finalidad, se crearán la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales y la Red de Agentes del Conocimiento en Políticas Sociales. Igualmente, se creará el Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y se elaborará un código ético.
Por último, la consejera, tras recalcar el mantenimiento de los servicios sociales de carácter público en Andalucía, ha asegurado que la ley «permitirá atender mejor y de forma más coordinada a las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales». Además, contribuirá a «hacer más transparentes» los servicios y prestaciones y a reforzar la calidad y seguridad del sistema público.

Tercer Sector

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero e integrada, entre otras organizaciones, por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-ANDALUCÍA); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas Regional de Andalucía; Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.
Este sector está integrado en Andalucía por más de 45.000 trabajadores, 50.000 personas voluntarias y más de 150.000 que colaboran para desempeñar una actividad de la que se benefician más de 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social.

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